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25 estados de EE.UU demandan a la Administración Trump para frenar la nueva ola de aranceles globales
Una ofensiva judicial masiva volvió a abrir un frente legal contra la política comercial del presidente Donald Trump. Una coalición compuesta por 25 estados de Estados Unidos —encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas de estados clave como Nueva York, California, Arizona, Pensilvania y Nueva Jersey— presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional en Manhattan para bloquear el nuevo esquema arancelario impuesto por el Gobierno federal.
La medida impugnada establece gravámenes de entre el 10% y el 12,5% sobre bienes procedentes de más de 60 socios comerciales, aplicados de manera generalizada desde el pasado 24 de julio.
El pretexto del “trabajo forzado” y el impacto en Latinoamérica
Para justificar la entrada en vigor de estas tarifas, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) sostuvo que las economías afectadas no cuentan con medidas suficientes para impedir la circulación de bienes producidos mediante trabajo forzado. Sin embargo, entre los países alcanzados por la medida figuran socios estratégicos de Washington como la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Japón y China, además de importantes proveedores latinoamericanos como México y Colombia.
La demanda de los estados sostiene que la acusación de trabajo forzado es un “esfuerzo simulado e ilegal” para imponer barreras comerciales indiscriminadas. En la práctica, la inclusión de socios clave en la región afecta de forma directa las cadenas de suministro agroalimentario y de productos frescos que abastecen al mercado estadounidense. Según denunció la fiscal general de Nueva York, Letitia James, estos aranceles terminan actuando como un impuesto directo sobre las familias y pequeñas empresas, encareciendo bienes de consumo básico e insumos industriales.
La cronología judicial: De la Corte Suprema a la Sección 301
La disputa legal representa el capítulo más reciente de una escalada que comenzó con el regreso de Trump a la Casa Blanca:
- Abril de 2025 (“Aranceles del Día de la Liberación”): El Ejecutivo implementó una tasa base del 10% invocando la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA), la cual llegó a superar el 120% en el caso de China.
- Febrero de 2026 (Fallo de la Corte Suprema): El máximo tribunal estadounidense determinó que la ley IEEPA no otorgaba autoridad al presidente para imponer aranceles globales de manera unilateral.
- Mecanismo de transición (Sección 122): Para esquivar el fallo, la Casa Blanca aplicó un arancel temporal del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio, mecanismo que expiró el pasado 24 de julio.
- Reemplazo inmediato (Sección 301): Ese mismo día entró en vigor el nuevo esquema de entre 10% y 12,5% respaldado en investigaciones de la USTR sobre trabajo forzado, buscando reinstaurar la barrera arancelaria mediante una figura legal distinta.
Un pulso por los límites del Poder Ejecutivo
Mientras la Administración defenderá ante el tribunal que la Sección 301 le otorga facultades para sancionar prácticas comerciales consideradas injustas, los 25 estados demandantes reafirman que las investigaciones de la USTR fueron apresuradas, sesgadas y carentes de un vínculo lógico con el problema denunciado.
La resolución de este conflicto en el Tribunal de Comercio Internacional resultará determinante para el flujo del comercio exterior y los costos logísticos de la agroexportación global, definiendo si la Casa Blanca puede mantener sus barreras tarifarias o si deberá dar marcha atrás frente a las presiones de los propios estados norteamericanos.
Fuente: France 24
