Agricultores de Coquimbo exigen cambios legales para endurecer sanciones ante ola de robos rurales

La creciente inseguridad en los predios agrícolas de la Región de Coquimbo volvió a encender las alarmas de productores y autoridades locales. En el marco de una mesa de trabajo sobre seguridad rural convocada por la Delegación Presidencial Provincial de Limarí y la Sociedad Agrícola del Norte A.G. (SAN), el sector exigió reformas legislativas urgentes para endurecer las penas asociadas al delito de robo en lugar no habitado, argumentando que el marco legal vigente carece de un efecto disuasivo efectivo.

Tanto la delegada provincial, Ivonne Guerra, como los seremis de Agricultura y Seguridad Pública coincidieron en que la coordinación policial debe ir acompañada de un cambio de fondo en la ley para evitar que la impunidad perpetúe estos episodios en el mundo rural.

Radiografía del delito: Insumos, cables y desconfianza

Durante la instancia, la SAN presentó los datos del Segundo Barómetro de Robo Agrícola (elaborado por la SNA en enero de 2026), que expone la magnitud de la problemática en el sector:

• Alta reincidencia: El 77,4% de los encuestados afirmó haber sufrido un robo en los últimos 12 meses; de ellos, un 43% fue víctima en tres o más ocasiones y un 9,7% enfrentó violencia física.
• Bienes más sustraídos: Los insumos agrícolas lideran las pérdidas con un 52,5%, seguidos por las instalaciones eléctricas (40,1%) y la producción agrícola (30,3%).
• Parálisis productiva por cableado: El robo sistemático de conductores de cobre y transformadores paraliza el riego tecnificado y las bombas de extracción de agua, interrumpiendo las faenas productivas más allá del valor intrínseco del material robado.
• Crisis de denuncia: Un preocupante 90,6% de los participantes manifestó desconfianza en la efectividad de las denuncias, cifra que supera el 67% registrado en 2025.

Persecución penal y medidas inmediatas

Ante la desconfianza del sector, representantes del Ministerio Público de Ovalle remarcaron la importancia de mantener las denuncias formales para mapear focos investigativos, instando a los agricultores a aportar fotografías, patentes, registros y números de serie de los equipos sustraídos.

Por su parte, la directiva de la SAN enfatizó que, si bien las modificaciones legislativas son la solución estructural de mediano plazo, la urgencia de la crisis exige reforzar las coordinaciones policiales de inmediato para frenar el impacto económico y operativo que sufre el agro en la provincia.