Agua: Acuerdos que definen nuestro futuro

Mientras no exista una estrategia sólida de gestión y acuerdos en torno al agua—lo que muchos conocen como “gobernanza”—, su sostenibilidad en el tiempo será inviable. Pero ¿por qué es tan importante?

La gobernanza del agua ya no es un mero asunto técnico: constituye una condición para la sostenibilidad de nuestras economías y territorios. Sin acuerdos que definan cómo gestionar este recurso, su viabilidad se vuelve imposible. Y no se trata solo de Chile: el agua figura hoy entre los principales riesgos globales identificados por el World Economic Forum (WEF, 2024).

EL VALOR DE LOS ACUERDOS

Durante cerca de diez años hemos trabajado en agencias internacionales y en terreno junto a diversas organizaciones de usuarios de agua. Esa experiencia nos enseñó que una buena administración de este recurso es vital para actividades productivas tan relevantes como la agricultura y la ganadería. Estas instituciones —muchas con más de un siglo de historia— han realizado una labor silenciosa y constante, logrando instalar un mensaje tan simple como poderoso: la cooperación funciona, porque permite sostener el abastecimiento para la producción agrícola y ganadera, incluso en contextos de sequía.

Un ejemplo fue el acuerdo alcanzado entre la Junta de Vigilancia del río Maule y las empresas del sector energético Colbún y Enel, que permitió proteger la Laguna del Maule y repartir agua de manera más eficiente. En contraste, el fallido “convenio de flexibilización” en la misma cuenca evidenció lo que ocurre cuando la confianza se quiebra: pérdidas productivas y ambientales (Ministerio de Obras Públicas, 2022). Estos casos revelan que, cuando los intereses particulares se anteponen al bien común, la gestión del agua se resiente. Una realidad que no solo vive Chile, sino que se repite en cuencas de todo el mundo (OCDE, 2021).

AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO: UN DESAFIO CRITICO

Aunque no queramos verlo, la crisis hídrica se profundiza. Actualmente, Chile atraviesa uno de los inviernos más secos y cálidos del último medio siglo, con temperaturas sostenidas por encima de lo normal (Dirección Meteorológica de Chile, 2025). La evidencia confirma lo que advierte el IPCC (2023): el cambio climático está alterando el ciclo hidrológico y acelerando la desertificación.

En este escenario, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Agua limpia y saneamiento) ofrece una brújula útil para orientar políticas y acciones: mejorar la calidad del agua, aumentar la eficiencia en su uso y proteger los ecosistemas. Según UN Water (2023), sin progresos en este objetivo el resto de la Agenda 2030 será imposible de cumplir.

UN MARCO LEGAL EN TRANSICIÓN

Chile ha avanzado, pero no sin tensiones. El nuevo Código de Aguas, promulgado en 2022 tras más de una década de debate, reforzó la idea del agua como bien nacional de uso público y estableció la priorización del consumo humano y el saneamiento en su distribución (Senado de Chile, 2022). Fue un cambio histórico, aunque su implementación exige una coordinación institucional que aún resulta insuficiente.

La Ley de Servicios Sanitarios Rurales (2017), puesta en marcha gradualmente hasta 2022, buscó regular más de 1.900 comités y cooperativas que proveen agua potable a zonas rurales. Sin embargo, muchos de estos sistemas enfrentan hoy restricciones de caudal y altos costos de operación (Ministerio de Obras Públicas, 2022).

A ello se suma la fragmentación institucional:

• La Dirección General de Aguas (DGA) fiscaliza y otorga derechos de aprovechamiento.
• La Comisión Nacional de Riego (CNR) gestiona subsidios para infraestructura.
• El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) apoya a la agricultura familiar campesina en su acceso al agua.
• El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta obras hidráulicas y de infraestructura.

Pronto, además, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) tendrá atribuciones en conservación de humedales, glaciares y ecosistemas claves para el ciclo hídrico (Ministerio del Medio Ambiente, 2023).

El problema es evidente: demasiadas competencias dispersas y ausencia de una autoridad nacional del agua que integre decisiones, coordine inversiones y asegure transparencia. La OCDE (2021) ya recomendó a Chile avanzar hacia una institucionalidad hídrica unificada y con financiamiento estable.

Un ejemplo dramático de lo que ocurre por falta de gobernanza es la Laguna de Aculeo, en la Región Metropolitana. Hasta mediados de la década de 2000 era un polo turístico y agrícola; en menos de 15 años desapareció. Una mega-sequía prolongada, el aumento de plantaciones intensivas, la extracción excesiva de aguas subterráneas y la ausencia de regulación llevaron al colapso del ecosistema. La DGA identificó más de 400 pozos inscritos en la cuenca sin un control efectivo de extracciones (DGA, 2021). Aunque hoy el agua comienza a regresar, el caso es un recordatorio de que la sobreexplotación, sumada a la falta de coordinación institucional, puede llevar a pérdidas irreversibles. Una advertencia que ya se observa también en zonas críticas de Petorca y Copiapó (Valdés-Pineda et al., 2022).

TENDENCIAS EN GOBERNANZA HÍDRICA

¿Qué ocurre en otros países? La experiencia internacional muestra hacia dónde avanzar:

• Gobernanza multinivel: la coordinación entre instituciones nacionales y locales es clave. En Europa destacan modelos como las Confederaciones Hidrográficas en España que gestionan las cuencas con autonomía técnica y financiera, articulando las decisiones entre el Estado y los territorios, y las Agencias del Agua en Francia, que integran a usuarios, ONG y autoridades locales, con financiamiento sólido para impulsar proyectos de conservación.
• Soluciones basadas en la naturaleza (SbN): Fondos de Agua impulsados por The Nature Conservancy prueban que restaurar ecosistemas es más costo-efectivo que construir infraestructura gris (TNC, 2022).
• Inversión con impacto: según el Global Green Growth Institute (2024), la demanda por proyectos que integren agua y biodiversidad creció un 35% en tres años, mostrando que la sostenibilidad hídrica también es un negocio de futuro.

En Chile, en mayo de 2025 la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado aprobó en general el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el MOP, junto con una institucionalidad nacional destinada a fortalecer la planificación, la regulación, la inversión en infraestructura, la gestión de información y la fiscalización (MOP, 2025a; 2025b).

Además, se impulsa la conformación de Consejos de Cuenca, concebidos como instancias de representación territorial y ciudadana. Las experiencias piloto en las cuencas del Maipo y del Copiapó muestran avances iniciales, aunque todavía con limitaciones de representatividad y recursos (DGA, 2025).

AGUA Y BIODIVERSIDAD: UNA CONEXIÓN INELUDIBLE

Sin agua, no existe biodiversidad. Humedales, bosques y glaciares regulan el ciclo hídrico y sostienen la producción agrícola. El IPBES (2022) advierte que más del 75% de los cultivos dependen de los servicios ecosistémicos.

Chile ya está probando modelos innovadores y forjando alianzas internacionales. El proyecto Red Aconcagua, apoyado por los Países Bajos, combina innovación tecnológica, participación de usuarios y restauración de cuencas para mejorar la resiliencia hídrica (Embajada de los Países Bajos en Chile, 2024).

Entonces, ¿qué nivel de institucionalidad debe guiar la toma de decisiones en materia hídrica? ¿Se trata de instancias complementarias o en tensión entre sí? La verdadera dificultad radica en diseñar soluciones adaptativas que vayan más allá de lo técnico y logren convocar a la diversidad de actores e intereses en juego. Solo integrando perspectivas distintas y generando procesos de aprendizaje colectivo será posible avanzar hacia fórmulas más creativas, duraderas y capaces de responder a la complejidad de la gestión del agua, aportando al mismo tiempo a un desarrollo sostenible en el largo plazo.