Desafío agrícola: Ecuador busca una salida gradual al clorpirifos tras la estricta prohibición europea

La relación comercial con la Unión Europea —y otros mercados clave— ha marcado un punto de inflexión para la agricultura ecuatoriana. El uso del clorpirifos, un insecticida organofosforado ampliamente utilizado en el país, se ha convertido en una barrera comercial tras su prohibición internacional por considerarse nocivo para la salud humana y el medio ambiente.

El conflicto: ¿Consumo o destrucción de inventarios?

Tras la resolución de Agrocalidad del pasado 19 de mayo, que prohíbe la importación de productos con esta molécula y cancela nuevos registros, el sector se enfrenta al dilema de los inventarios existentes. La Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA) propone que se permita el consumo de los 1,6 millones de litros ya importados o en tránsito, argumentando que una eliminación acelerada generaría desabastecimiento y una escalada de precios antes de tener alternativas eficaces.

“Lo único que le hemos pedido a la autoridad es que nos permitan dejar que el producto se consuma en Ecuador”, señala Serapio Arana, presidente de APCSA. Se espera que en julio se defina un cronograma definitivo, aunque la industria estima que la transición completa tomará entre 36 y 40 meses.

El impacto en el banano y la presión de mercado

El sector bananero es uno de los más afectados. Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, confirma que la transición hacia sustitutos como la bifentrina, el azufre y el piriproxifeno ya está en marcha, pero admite que los costos se han elevado significativamente: el costo por millar de fundas pasó de $85 a $140 con las nuevas combinaciones de productos.

La presión es real: hasta el 11 de junio, el banano ecuatoriano sumaba siete notificaciones europeas por residuos de esta molécula. Gremios como la AEBE han pedido que las exigencias europeas consideren las realidades de los países tropicales y permitan transiciones graduales, advirtiendo que, en ocasiones, las detecciones de residuos pueden deberse a contaminaciones cruzadas.

Salud y ética: Voces críticas frente al stock

La propuesta de extender el uso del clorpirifos ha generado fuertes cuestionamientos desde la academia y organismos internacionales. Eduardo Sánchez Timm, investigador de la ESPOL, enfatiza que se trata de un neurotóxico peligroso para el desarrollo cerebral, especialmente en niños y fetos. “Mientras lo sigan vendiendo, vamos a seguir encontrando las trazas”, advierte, sugiriendo que el país debería avanzar hacia mecanismos de acopio y disposición controlada.

En una línea similar, Alex Bustos, consultor de la ONU, califica de “barbaridad” la intención de agotar los inventarios en el campo. Bustos sostiene que la prioridad debe ser tripartita: primero la salud humana, segundo el riesgo de perder mercados internacionales y, finalmente, los costos de producción.

Un escenario global restrictivo

Ecuador no actúa en el vacío. La prohibición del clorpirifos es una tendencia global: Estados Unidos (2021), Colombia (2023) y Perú (2023) ya han restringido su uso. Incluso, en 2025, Perú cerró temporalmente el ingreso de pitahaya ecuatoriana tras detectar trazas del pesticida.

Ante este panorama, la mesa técnica conformada por Agrocalidad y los ministerios de Ambiente y Salud tiene la compleja tarea de definir un plan que no solo cumpla con la normativa internacional y proteja la salud pública, sino que garantice la supervivencia económica de miles de productores que hoy dependen de un producto en vías de extinción.

Fuente: Expreso.ec