EE.UU impone arancel del 12,5% a Chile bajo la Sección 301: Gobierno y Frutas de Chile rechazan la medida y piden negociación bilateral

En un nuevo e importante giro en la política comercial de Washington, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) confirmó la aplicación de una nueva ola de aranceles amparados en la Sección 301 de su legislación comercial. La medida alcanza a sus 60 principales socios comerciales —los cuales representan el 99,4% de las importaciones norteamericanas— bajo el argumento transversal de un “fracaso en prohibir las importaciones producidas con mano de obra forzosa”.

En el caso de Chile, la resolución fija un arancel del 12,5% para sus exportaciones generales, ubicando al país en el tramo de economías que no cuentan con acuerdos o regímenes específicos reconocidos como “equivalentes” por la autoridad norteamericana, a diferencia de socios como Argentina, México o Canadá, que quedaron gravados con una tasa del 10%.

No obstante, la USTR estableció exenciones puntuales para materias primas estratégicas que podrían causar desabastecimiento o disrupción en la economía de EE. UU., dejando libre de sobretasa al cobre chileno.

Reacción del Ejecutivo: “Medida transversal que no cuestiona a productos chilenos”

La respuesta de La Moneda ante la resolución de la USTR fue inmediata. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) rechazaron el gravamen, argumentando que no se condice con los antecedentes técnicos y normativos presentados por la delegación nacional durante las audiencias en Washington D.C.

La subsecretaria de la cartera, Paula Estévez, enfatizó que Chile posee una institucionalidad laboral robusta y alineada con los convenios internacionales. Asimismo, la autoridad fue enfática en aclarar el alcance de la norma:

“La resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso, ni tampoco identifica productos chilenos específicos bajo esta condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense y obedece a una política comercial transversal”. — Paula Estévez, Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Frutas de Chile reafirma complementariedad y apunta a diálogo bilateral

Por su parte, la asociación gremial Frutas de Chile —que participó activamente en las audiencias públicas ante la USTR presentando informes técnicos y económicos— lamentó la inclusión de la fruta fresca nacional en el listado de productos gravados, recordando el carácter fuertemente complementario y de contraestación que tiene la oferta chilena para el consumidor norteamericano.

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, aclaró que la medida no atribuye ningún incumplimiento de estándares laborales a las empresas agroexportadoras locales, cuyas cadenas de suministro operan bajo rigurosas auditorías internacionales de trazabilidad y sostenibilidad.

“Expusimos que nuestra oferta no compite con la producción estadounidense, sino que la complementa gracias a la producción en contraestación, permitiendo mantener una oferta permanente de fruta fresca durante gran parte del año. La prioridad ahora es avanzar en una negociación bilateral que permita revisar esta medida y preservar una relación comercial estratégica y de largo plazo en el marco del TLC vigente”. — Iván Marambio, Presidente de Frutas de Chile.

Impacto económico en juego y vías de solución

El mercado estadounidense constituye un pilar estratégico para la fruticultura chilena. Según un estudio de la consultora Delphi & Peterson Solutions citado por el gremio, los envíos de fruta fresca chilena generan un impacto económico de US$ 3.500 millones por temporada en EE. UU., aportando unos US$ 2.000 millones al PIB norteamericano y sosteniendo cerca de 19.500 empleos directos en la cadena de distribución y retail de ese país.

Tanto las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Agricultura como los gremios exportadores confirmaron que redoblarán las gestiones diplomáticas para convocar a una revisión bilateral bajo las cláusulas del Tratado de Libre Comercio (TLC) —vigente desde 2004— con el objetivo de revertir la sobretasa del 12,5% a los envíos frutícolas.