Gobierno impulsa penas de cárcel por ingreso de plagas y refuerza acciones contra la mosca de la fruta

El Ministerio de Agricultura presentó nuevas indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la internación de enfermedades animales y plagas vegetales. La propuesta, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, busca castigar con presidio menor en su grado mínimo a medio (61 a 540 días) a quienes pongan en riesgo el patrimonio fito y zoosanitario del país.

La iniciativa incorpora esta conducta al artículo 290 del Código Penal y mantiene la sanción diferenciada para la propagación de plagas, contenida en el artículo 289, debido a su mayor gravedad. Según el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se trata de “una medida responsable y proporcional” que, además, actualiza normas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para resguardar la agricultura y la seguridad alimentaria frente a amenazas externas.

Mosca de la fruta: coordinación y vigilancia intensificada

En paralelo, el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, encabezó una nueva sesión del Comité de Mosca de la Fruta, que reunió a autoridades, gremios, productores y parlamentarios. La instancia revisó las acciones de vigilancia, control y prevención ante el aumento de brotes transitorios de Ceratitis capitata detectados en 2025.

El SAG destacó que, pese a estas detecciones, Chile mantiene su estatus de país libre de la plaga, condición clave para acceder a mercados internacionales. Este año, el organismo ha reforzado su trabajo en terreno y la coordinación con Carabineros, decomisando más de 226 mil kilos de productos agropecuarios de origen ilegal —muchos con plagas cuarentenarias— en regiones desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos.

Espinoza subrayó que la labor conjunta entre el sector público y el privado continuará mediante un comité técnico permanente, con el objetivo de proteger “una agricultura fuerte, segura y con proyección”. Entre las medidas acordadas está el fortalecimiento de campañas de educación y autocuidado para productores y ciudadanía.

Las autoridades coincidieron en que conservar el estatus de país libre de plagas es una tarea colectiva y constante, fundamental para resguardar la competitividad frutícola, el empleo rural y la soberanía alimentaria de Chile.