Ignacia Fernández, ex ministra de Agricultura: “Si en algo coincido con el actual ministro es que el presupuesto actual del SAG es insuficiente”

La agenda de competitividad agroexportadora, el desarrollo rural y el fortalecimiento institucional fueron los principales ejes de gestión del Ministerio de Agricultura durante el gobierno del ex presidente Gabriel Boric, un trabajo que la entonces ministra Ignacia Fernández califica como positivo.

En relación con el primer pilar, señala que se realizó un trabajo importante en la apertura de mercados, específicamente en el acceso de nuevos productos en diferentes destinos, a lo que se sumaron las facilitaciones sanitarias y agregadurías agrícolas. Los objetivos de dichas acciones pasaban por ir disminuyendo la dependencia que existe de algunos productos en mercados específicos, y en segundo lugar, potenciar la gran ventaja competitiva de Chile: la sustentabilidad.

“Hay que seguir sacándole provecho a ello a través de distintas prácticas, como promover condiciones para que la producción sea efectivamente sustentable, lo que conlleva a mejorar la eficiencia en el uso del agua y utilizar, por ejemplo, menos fertilizantes. A continuación viene la certificación de este tipo de prácticas más orgánicas con iniciativas como el sello Chile Consciente. Y un tercer eje tiene relación con la inversión en ciencia y tecnología, dado que parte del ser más sustentable tiene que ver con ser más eficiente”, explica la ex ministra.

En cuanto al desarrollo rural, ámbito relacionado con la agenda de agricultura familiar campesina, destaca que lo más emblemático estuvo relacionado con la nueva ley de riego, la que permitió por primera vez apoyar en forma importante a agricultores de menor escala.

El tercer pilar -como se mencionaba- fue el fortalecimiento institucional, es decir, el poder generar mejores condiciones en la institucionalidad del agro para prestar mejores servicios. Aquí se trabajó la gestión de riesgos de desastres, pensando en lluvias, inundaciones y heladas; además de una agenda de cambios para el INDAP, relacionados específicamente con la revisión de su oferta programática.

“El objetivo pasó por modernizar y estructurar mejor las prestaciones necesarias para la agricultura familiar campesina, estableciendo una hoja de ruta. Necesitamos que si un usuario entra por asistencia técnica, también tenga acceso a crédito y a capital de trabajo. Hoy en día son programas separados, entonces puede que tengas una cosa y no la otra”, aclara Fernández.

Pero al hablar de modernización de programas y entidades, una de vital relevancia es el SAG. Para ello se trabajó en base a un programa de US$ 50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -que incluye también los componentes de la gestión de riesgos de desastre y el INDAP-, pero donde, sin embargo, queda mucho por avanzar. Así lo aclara la ex ministra, quien añade que coincide con la actual cartera en la falta de presupuesto hacia esta entidad.

¿Qué se ha hecho para fortalecer al SAG?

El SAG fue muy pionero en algún momento. De hecho, con otro crédito del BID a principios de los años 2000 se hizo una tremenda inversión en la red de laboratorios; pero son cosas que requieren actualizarse. Creamos una unidad de inteligencia fito y zoosanitaria para que tenga una mayor capacidad de análisis prospectivo y pueda entender las amenazas de ingreso de nuevas plagas antes de que ello ocurra.

Yo creo que era necesario empezar a hacer una inversión de esa naturaleza. A veces a los gobiernos les cuesta tomar decisiones así porque piensan en el período de cuatro años. De hecho, nosotros no alcanzamos a ver los frutos de esa inversión; pero hay que hacerlo entendiendo que era necesario iniciar.

¿Qué falta todavía en este camino?

En cuanto al futuro del SAG, hay que continuar en esta senda de fortalecimiento de la seguridad fito-zoosanitaria. En primer lugar porque el programa del BID es de cinco años y llevamos dos, pero además porque hay un tema bien evidente de inyección de recursos. Si hay algo en lo que coincido con el actual ministro es que el presupuesto actual del SAG, que es el mismo que teníamos el año pasado, es insuficiente para cumplir las tareas que tiene la entidad.

Y la explicación es bien simple. No es porque hayamos rebajado los recursos del SAG, de hecho, es de los servicios que nunca se tocaron. Es porque la actividad agroexportadora ha aumentado en forma considerable. El año 2024 fue récord en cifras de agroexportación, lo que implica una mayor demanda del SAG. Se necesitan más fiscalizadores, certificación y personas en los packing. Si la actividad crece así, el SAG no se puede mantener.

Rebajas a este servicio no hubo, pero incrementos tampoco. Lo que se necesita, entonces, es un crecimiento al mismo ritmo en el que ha crecido la actividad económica, de lo contrario ponemos en riesgo el patrimonio fito y zoosanitario.

Pero hay otro punto por el que es relevante el fortalecimiento del SAG, que tiene que ver con el cambio climático; pues claramente hace que las plagas se propaguen más rápido y se generen otras nuevas. A ello se suma además el ingreso ilegal de alimentos por las fronteras. En relación con ello estuvimos tramitando un proyecto de ley para tipificar como delito la internación ilegal de productos de origen vegetal y animal, el que ya se aprobó en primer trámite en el Senado.

Hoy el contexto internacional tiene un gran impacto en el rubro. ¿Cómo se debiera enfrentar?

El contexto actual está complejo, y no solo por el alza en los costos de insumos para la producción nacional; sino que también por una lógica geopolítica mucho más proteccionista. En ese sentido yo creo que la agenda competitiva agroexportadora que estamos impulsando va en la dirección correcta, primero por hacer muy visible y evidente nuestro sello diferenciador, que es la sustentabilidad.

Lo otro que creo que se debe hacer es una mayor inversión en promoción de exportaciones. Por ejemplo, si uno hace todo el trabajo y el ejercicio de abrir un mercado nuevo, después hay que ir a promocionar lo que tienes para vender.

¿Qué otros desafíos ve en el sector?

Primero lo que comentaba de fitosanidad, creo que es un punto clave. En el tema hídrico el principal desafío es concretar la red de embalses, obras de acumulación. Pienso que la nueva ley de riego y que la inversión en esta área está súper bien encaminada. Hay que seguir, pero necesitamos más capacidad de acumulación.

¿Ve los embalses como la única salida?

En este tema hay una creencia de que es un proceso lento, lo que imposibilita tomar la decisión de iniciar. Hay que empezar. Nosotros pusimos la primera piedra del Embalse de Zapallar, y el hecho de comenzar el proceso de un embalse nuevo es algo que no ocurría hace alrededor de 15 años.

Esta red de embalses, además, tiene la particularidad de que son de mediano tamaño; por lo que, si bien tienen un impacto en el medio ambiente, es menor que el de los grandes embalses que se construían en el pasado.

En términos de obras de riego hay un montón de cosas que se pueden hacer para avanzar en los sistemas de acumulación, como la red de tranques ex-cora, los que se pueden mejorar y volver a usar. Debemos gestionar el agua de tal manera que, cuando caiga, se almacene y no se pierda. Eso creo que también es una línea con la que hay que seguir con harta fuerza.

¿Qué llamado haría a la nueva gestión a cargo de Agricultura?

Por lo que escuché antes de que asumieran, y lo que sabemos de dónde se piensa aplicar la rebaja del 3%, lo que me preocupa es que no se priorice como corresponde a la agricultura familiar campesina y volvamos, por ejemplo, a un foco donde toda la inversión en riego tecnificado esté puesta solo en la gran agricultura de exportación. Creo que eso es un error.

No es solo porque la gran agricultura tecnifica igual, porque lo necesita y tiene los recursos para hacerlo, sino que en esta lógica de sustentabilidad, aumentar brechas no resuelve el problema para todos.