Industria bananera colombiana en vilo: ASBAMA exige precios justos e intervención urgente por ola de violencia en zonas de cultivo

El sector bananero de los departamentos de Magdalena y La Guajira atraviesa una de sus crisis más complejas. La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) emitió un duro balance en el que expone los factores que hoy amenazan la viabilidad de la industria, la cual se posiciona como el tercer producto agrícola de exportación de Colombia y un pilar de estabilidad laboral con más de 19.500 empleos directos formales y unos 450 pequeños productores integrados.

La problemática actual se divide en dos frentes que asfixian la competitividad de las fincas: un mercado global que exige certificaciones verdes pero no las paga, y un severo deterioro del orden público que pone en riesgo la vida de los trabajadores.

El frente económico: Sostenibilidad sin retribución

A nivel internacional, las cadenas compradoras y los supermercados imponen normativas y estándares sociales y ambientales cada vez más estrictos. Sin embargo, los productores denuncian que estos mayores costos de producción no se ven reflejados en el precio final que reciben por la caja de fruta.

José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de ASBAMA, fue enfático en la necesidad de pasar de los compromisos corporativos a las acciones comerciales reales:

“La sostenibilidad no se construye en los discursos. Se construye todos los días en el campo y requiere condiciones que la hagan viable. Cuando un productor recibe un precio justo, no solo garantiza la continuidad de su cultivo. También protege el empleo, fortalece las comunidades rurales y conserva los recursos naturales”.

Este desajuste en los precios se da en un contexto macroeconómico ya debilitado por el encarecimiento de los insumos agrícolas, el incremento de los costos logísticos y laborales, y el impacto cambiario de la revaluación del peso colombiano.

El frente de seguridad: Extorsiones armadas en los predios

La segunda arista —y la más urgente para el gremio— es la falta de seguridad en el territorio. Productores de todos los tamaños en los municipios de Zona Bananera, Ciénaga, El Retén, Aracataca y Fundación sufren presiones constantes por parte de grupos armados al margen de la ley.

Según detalló ASBAMA, se han vuelto recurrentes los episodios donde hombres armados ingresan a las plantaciones interrumpiendo las faenas diarias, con el fin de entregar números de teléfono a los administradores y exigir cobros extorsivos a cambio de supuestas garantías de seguridad. La gravedad del panorama queda en evidencia con los reportes locales, que indican que el municipio de Zona Bananera registra una tasa de criminalidad superior a los 80 homicidios por cada 100.000 habitantes al año.

Plan de contingencia: Del anuncio a los hechos

Ante la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, el presidente de ASBAMA —junto a representantes de comercializadoras clave como C.I. Banasan, Grupo Agrovid y cooperativas locales— solicitó de manera perentoria la creación del Distrito Quinto de Policía en el municipio de Zona Bananera.

Esta medida ya había sido anunciada con anterioridad por el Gobierno Nacional, pero nunca llegó a materializarse. Desde el gremio recalcan que este distrito no es un mero simbolismo, sino la única forma de inyectar más dotación policial, capacidad de reacción y devolver el control estatal a zonas dominadas hoy por la intimidación.

Como resultado de las mesas de trabajo técnicas, las autoridades regionales se comprometieron a:

• Gestionar ante la Fiscalía General de la Nación el establecimiento de una Unidad Especializada permanente en la Zona Bananera para acelerar las denuncias por extorsión.
• Elevar de manera formal la solicitud de financiamiento y despliegue del distrito policial ante el Gobierno Nacional.
• Coordinar patrullajes preventivos especiales con el apoyo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en los huertos.

Para ASBAMA, la viabilidad de la industria bananera en el Caribe colombiano dependerá de que las soluciones habitualmente anunciadas por los canales oficiales se traduzcan en hechos concretos en el corto plazo. El fortalecimiento de los anillos de seguridad en los predios agrícolas y la consolidación de un esquema comercial internacional basado en la “responsabilidad compartida” asoman como las únicas vías para proteger a las miles de familias rurales que sustentan esta actividad estratégica. El gremio ya anunció que mantendrá un monitoreo técnico y riguroso sobre cada uno de los compromisos adquiridos por las autoridades político-militares de la región.

Fuente: asbama