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Innovar, proteger y competir: el desafío de ordenar el mercado de semillas
La semilla es el punto de partida de la producción agrícola, pero también el resultado de años de investigación, selección, evaluación e inversión. Entre esos dos extremos, desde el desarrollo de una nueva variedad hasta su llegada al agricultor, interviene un entramado de normas, registros, derechos, controles y responsabilidades que resulta cada vez más complejo en un mercado atravesado por nuevas tecnologías, formas de comercialización y exigencias de competitividad.
En Chile, la discusión sobre cómo modernizar ese entramado reúne distintos desafíos. Por un lado, mejorar la trazabilidad y garantizar que quien compra una semilla pueda conocer su origen, identidad y calidad. Por otro, fortalecer la protección de las variedades vegetales y generar incentivos para que la innovación continúe llegando al país. Y, al mismo tiempo, establecer reglas suficientemente claras para que productores, obtentores, comercializadores y agricultores sepan cuáles son sus derechos y obligaciones.
Desde perspectivas diferentes, Sandra Bustos, jefa del Departamento de Semillas y Plantas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); Mario Schindler, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS), y José Tomás Leyton, abogado especialista en propiedad intelectual de Flores Acevedo Abogados, coinciden en un punto: un mercado moderno necesita reglas claras, información, trazabilidad y certeza jurídica.
Trazabilidad: saber qué se compra y quién responde
Para Sandra Bustos, ordenar el mercado comienza por una premisa básica: poder identificar quién comercializa semillas, cuáles son los materiales ofrecidos, de dónde provienen y bajo qué condiciones llegan al comprador.
No es un aspecto menor. De la calidad, la identidad y el origen de la semilla depende buena parte del desempeño posterior del cultivo. Sin embargo, la experiencia de fiscalización del SAG muestra que todavía existen brechas en materia de trazabilidad, identificación de los actores y etiquetado. En algunos controles se detectan semillas cuya información resulta insuficiente para verificar adecuadamente la variedad, su procedencia o determinados atributos de calidad.
El crecimiento de la comercialización a través de internet y las redes sociales agrega un desafío. Estos canales ampliaron las posibilidades de acceso y comercialización, pero también pueden dificultar la identificación del vendedor, el origen del producto o el lugar donde se encuentra almacenado. El problema aparece con mayor claridad cuando surge un reclamo por identidad varietal, germinación o calidad y no existe información suficiente para determinar quién debe responder. “El desafío regulatorio no consiste en limitar estos canales, sino en lograr que operen con niveles adecuados de transparencia y responsabilidad”, plantea Bustos.
Desde esa perspectiva, la regulación no tiene solamente una función fiscalizadora. También busca disminuir las asimetrías de información entre quienes compran y quienes venden. Saber qué producto se está adquiriendo, quién responde por él y bajo qué condiciones fue comercializado constituye, para el SAG, un requisito básico de un mercado moderno.
Mario Schindler coincide en la importancia de la formalidad. Desde ANPROS señala que detrás de una semilla comercializada a través de canales formales existe una empresa identificable, responsable por el producto y, en muchos casos, capaz de proporcionar además asistencia técnica.
En el mercado informal ocurre lo contrario: el agricultor puede quedar sin garantías verificables sobre identidad varietal, origen, germinación, pureza, calidad o condición sanitaria. Esto no solo incrementa el riesgo de problemas de implantación, menores rendimientos o pérdidas económicas, sino que también genera una competencia desigual para quienes invierten en investigación, multiplicación, controles de calidad, análisis, etiquetado y trazabilidad.
Formalizar sin excluir
Uno de los principales desafíos consiste en ampliar la formalización sin transformar las exigencias regulatorias en una barrera para quienes operan a menor escala.
Bustos subraya que Chile ya cuenta con numerosos productores y multiplicadores que participan regularmente de sistemas formales de producción y comercialización, tanto para el mercado interno como para la exportación. Sin embargo, todavía existe una brecha en la identificación de quienes se dedican específicamente al comercio de semillas. En ese contexto, el SAG propone avanzar hacia un registro actualizado de comerciantes que permita conocer mejor el universo de actores, fortalecer la trazabilidad y facilitar la fiscalización y la respuesta frente a eventuales problemas.
La intención, explica Bustos, es contemplar mecanismos simplificados y requisitos diferenciados cuando corresponda, sin renunciar a estándares mínimos de identificación, información y trazabilidad. Porque la formalización no depende únicamente de establecer obligaciones: también requiere información, capacitación y acompañamiento.
Schindler plantea una idea similar: pequeña escala e informalidad no son sinónimos. El objetivo, sostiene, no debería ser disminuir los estándares, sino facilitar su cumplimiento. Una regulación demasiado compleja puede terminar excluyendo precisamente a quienes desean incorporarse al mercado formal.
Proteger la innovación
El ordenamiento del mercado tiene otra dimensión decisiva: la protección de las nuevas variedades. Desarrollar una variedad puede requerir años de investigación, ensayos y selección antes de que el material llegue efectivamente al agricultor. José Tomás Leyton recuerda que detrás de una semilla comercial existe una inversión que muchas veces resulta invisible para el usuario final: numerosos desarrollos quedan en el camino antes de que una o dos variedades logren llegar al mercado.
Para Schindler, la protección de las obtenciones vegetales permite reconocer ese proceso y ofrecer a quienes desarrollan nueva genética la posibilidad de recuperar parte de la inversión y destinar nuevos recursos al fitomejoramiento. Sin una protección efectiva, advierte, disminuyen los incentivos para investigar y aumenta la posibilidad de que variedades desarrolladas después de años de trabajo sean reproducidas o comercializadas sin autorización. Y el impacto excede al obtentor: puede terminar reduciendo la disponibilidad futura de materiales con mayor rendimiento, resistencia a enfermedades, adaptación a nuevas condiciones climáticas o capacidad para utilizar los recursos de manera más eficiente.
Desde esta perspectiva, la propiedad intelectual vegetal no debe interpretarse únicamente como la defensa de un derecho privado. También forma parte del entramado que permite sostener la innovación.
Delimitar las reglas del juego
Leyton propone introducir un matiz en la discusión. Más que hablar simplemente de “ordenar” el mercado, considera necesario delimitar las reglas del juego: establecer con precisión hasta dónde llegan los derechos del obtentor y hasta dónde los del agricultor. A su juicio, uno de los principales desafíos es la actualización del marco de protección de las variedades vegetales. Chile continúa bajo el Acta de 1978 del Convenio UPOV, mientras que tanto Leyton como ANPROS consideran necesario avanzar hacia una adecuación al estándar de UPOV 91.
Schindler sostiene que esa actualización permitiría entregar mayor certeza jurídica a quienes invierten en investigación y desarrollan variedades, además de fortalecer la competitividad de la agricultura y de la industria semillera chilena.
Leyton, por su parte, considera que el marco existente no necesariamente es malo, pero ha quedado desactualizado frente a la evolución del mercado y las formas de protección. Esa situación ha llevado a recurrir con mayor intensidad a contratos y herramientas provenientes del derecho civil para complementar la protección de las variedades. Entre los conflictos que aparecen con mayor frecuencia menciona la reproducción o utilización no autorizada de materiales, problemas en los contratos de licencia, falsificación de variedades y dificultades en el pago de regalías.
A esto se agrega otra complejidad: los conflictos no son analizados por tribunales especializados en variedades vegetales. Según Leyton, la prueba pericial y el trabajo técnico del SAG adquieren, por lo tanto, una importancia fundamental cuando debe acreditarse una infracción. De allí que la prevención y la calidad de los contratos ocupen un lugar central. Cuando las condiciones están claramente establecidas desde el comienzo, sostiene, disminuye el espacio para posteriores controversias entre obtentores, licenciatarios y productores.
Competir por genética, innovación e inversión
La modernización normativa adquiere, además, una dimensión internacional. La industria semillera es global, pero los países no compiten solo por producir semillas: también lo hacen por atraer investigación, nuevas variedades y proyectos tecnológicos.
Schindler reconoce que Chile posee una trayectoria construida durante décadas, apoyada en la calidad de su producción, su capacidad técnica y el trabajo conjunto entre el sector privado y los organismos públicos. Sin embargo, advierte que otros países están actualizando sus estándares en propiedad intelectual vegetal y biotecnología. El riesgo de permanecer rezagado, afirma, es perder proyectos, inversiones o acceso temprano a nuevas tecnologías frente a mercados que ofrecen mayor certeza.
Leyton coincide. La seguridad jurídica forma parte de las variables que analizan obtentores, empresas e inversionistas al decidir dónde registrar una variedad, desarrollar un proyecto o introducir una tecnología. Por eso considera que un marco más claro podría generar un círculo virtuoso entre nuevas variedades, productividad, inversión y desarrollo tecnológico. En su opinión, Chile podría aprovechar mejor ese potencial si lograra vincular con mayor intensidad al agro con el ecosistema de innovación, las startups y el venture capital, siguiendo experiencias que ya se observan en otros sectores productivos del país.
El nuevo desafío de la edición génica
Pero actualizar la protección de variedades no agota la discusión. Las nuevas técnicas de mejoramiento plantean otra frontera regulatoria.
Schindler destaca que la biotecnología y la edición génica están reduciendo los tiempos y ampliando las posibilidades del fitomejoramiento. Para ANPROS, Chile necesita reglas claras, estables y basadas en evidencia científica que permitan a investigadores y empresas saber con anticipación qué antecedentes deberán presentar, cómo serán evaluados y bajo qué marco podrán avanzar.
El SAG ya cuenta con procedimientos para determinar la normativa aplicable a distintos desarrollos. Desde la industria consideran importante que esos mecanismos cuenten con estabilidad y certeza en el tiempo.
La discusión es especialmente relevante porque estas herramientas pueden acelerar el desarrollo de variedades con atributos vinculados con algunos de los grandes desafíos de la agricultura: escasez hídrica, enfermedades, eficiencia en el uso de recursos o adaptación a nuevas condiciones productivas.
Innovación y transparencia, dos caras del mismo mercado
Aunque las tres miradas parten de responsabilidades y preocupaciones diferentes, terminan convergiendo. Para el SAG, la prioridad pasa por fortalecer la información, la trazabilidad, la calidad y la identificación de quienes participan del mercado. Para ANPROS, la modernización debe incorporar además una protección eficaz de la propiedad intelectual y reglas capaces de acompañar las nuevas tecnologías de mejoramiento. Desde la perspectiva jurídica, Leyton pone el foco en la certeza: definir los límites de cada derecho, actualizar las herramientas disponibles y reducir los espacios de conflicto. No se trata, por lo tanto, de elegir entre proteger al agricultor o al obtentor, entre controlar el mercado o estimular la innovación. Un sistema confiable necesita avanzar simultáneamente en todas esas dimensiones.
Una semilla cuya identidad y calidad pueden verificarse protege la inversión del productor. Un mercado trazable permite distinguir a quienes cumplen las reglas. Una protección efectiva de las variedades recompensa el esfuerzo de quienes invierten en mejoramiento. Y un marco jurídico previsible favorece la llegada de nuevos desarrollos.
El desafío de Chile será lograr que esas piezas funcionen como parte de un mismo sistema. Porque, en un mercado cada vez más tecnológico y global, ordenar no significa simplemente controlar más: significa construir las condiciones para que agricultores, obtentores, productores y empresas puedan innovar, proteger y competir bajo reglas claras.
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