México refuerza la transparencia en el agro: Aguacate y berries deberán contar con certificado laboral para exportar

Publicado por Zaida Ibáñez

El sector agroexportador de México, con el aguacate y las berries como sus principales estandartes, entra en una nueva fase de regulación. A partir de los recientes lineamientos establecidos para mayo de 2026, los productores que busquen enviar sus mercancías a los mercados de América del Norte deberán obtener un Certificado de Cumplimiento Laboral. Esta medida busca blindar las exportaciones mexicanas ante posibles paneles de resolución de controversias bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

Aguacate y berries bajo la lupa

El aguacate y las berries (fresas, frambuesas, arándanos y moras) representan más del 25% del valor total de las agroexportaciones mexicanas. Debido a la alta demanda de mano de obra en estados como Michoacán y Jalisco, el gobierno federal ha priorizado estos sectores para implementar la certificación. El objetivo es erradicar prácticas de trabajo infantil, garantizar salarios competitivos y, fundamentalmente, asegurar la libertad de asociación y negociación colectiva dentro de los campos y plantas de empaque.

Un escudo ante las sanciones comerciales

La implementación de este certificado no es solo una cuestión ética, sino una estrategia de supervivencia comercial. En los últimos años, diversas quejas laborales han puesto en riesgo la continuidad de los envíos. Al contar con este distintivo, las empresas mexicanas podrán demostrar proactivamente que cumplen con el Anexo 23-A del tratado comercial, evitando aranceles punitivos o el bloqueo de mercancías en la frontera.

Digitalización y vigilancia

El proceso de certificación será gestionado a través de una plataforma digital interconectada entre la Secretaría del Trabajo (STPS) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Esto permitirá que cada lote de exportación cuente con un código de trazabilidad que vincule la inocuidad alimentaria con el cumplimiento de los derechos humanos de los jornaleros. Se estima que más de 500.000 trabajadores agrícolas se verán beneficiados directamente por este nuevo esquema de vigilancia.

Fuente: politica.expansion