Nueva Ley de parcelaciones: ¿Qué implicancias podría tener para el agricultor?

La Ley de parcelaciones propone una serie de medidas para proteger suelos agrícolas, asegurando un uso que favorezca la sostenibilidad y conservación de recursos naturales, fortaleciendo además la fiscalización. El proyecto presentado por el Gobierno, se encuentra dentro del Congreso, donde será discutido y posteriormente, despachado.

“Para el mercado inmobiliario formal, la ley es una oportunidad, ya que aporta claridad sobre los requisitos que deben cumplir los desarrolladores”, señaló Cecilia Fajardo, Gerente de Valoración y Consultoría de Transsa, quién, además, agregó: “El proceso de subdivisión de terrenos rurales ha estado regulado por un marco normativo de excepciones que data de principios de los años 80, permitiendo la división de predios rústicos sin una planificación adecuada ni una regulación efectiva”. Como resultado, se han creado parcelas en áreas sin infraestructura básica, como caminos, agua potable o electricidad, lo que ha impactado negativamente tanto a los nuevos residentes como a las comunidades vecinas.

Según detalló Fajardo, uno de los principales efectos de la ley será en los precios de las parcelas y viviendas en zonas rurales, ya que al establecer estándares mínimos de habitabilidad e infraestructura, los costos asociados al desarrollo de estos proyectos deberían aumentar. Sin embargo, una mayor inversión también se traducirá en desarrollos más sostenibles y con mejores condiciones de vida, lo que podría atraer a compradores que busquen proyectos de mayor calidad y seguridad.

A su vez, esto representa una serie de desafíos para los agricultores, quienes tendrán que cumplir con normativas específicas si desean cambiar el destino del suelo agrícola.

Gustavo Cardemil, consultor de Asesorías del Agro GCA, sostiene que la normativa es bienvenida, pero para el agro tendrá dos caras. “Es evidente que el proceso estaba desordenado y sin control, teniendo efectos medioambientales, urbanísticos y operativos sobre los mismos agricultores. Hay que recordar que el negocio agrícola en general tiene dos componentes. El primero se basa en el flujo, que es el negocio de producir, procesar y vender sus productos. El otro es el capital, donde está la plusvalía y que para la tierra agrícola en Chile es importante. Luego, los para agricultores que quieran o deban vender su campo para un uso diferente al agrícola, hoy las exigencias serán mayores. Lamentablemente para algunos agricultores el cambio podría ser terminal, si están en cultivos hoy inviables, donde la venta de parcelas era su única salida a una quiebra para salvar el negocio familiar luego de años de crisis. Por el lado positivo, la ley ordenará las expectativas, aumentando el valor de los terrenos aplicables, a la vez de mejorar la convivencia entre todos. Esto, además, dará mayor certeza productiva a muchos agricultores, que no tendrán que convivir con la presión de venta de sus tierras o con reclamos crecientes de conjuntos agro residenciales por pulverizaciones, el ruido de motores y hélices en torres para control de heladas o tacos en horario de colegio en la puerta de sus campos”.

En conversación con radio Biobío, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, agregó: “Se va a permitir lo que se llama los conjuntos residenciales rurales. Eso va a estar normado por el Minvu y va a obligar a que tengan permiso de edificación de parte de las municipalidades. Se va a fiscalizar de manera dura por parte del SAG, con apoyo de inteligencia artificial”.