Patricia Villarreal, directora ejecutiva de AFIPA: “La fitosanidad también es confianza de mercado”

La fruticultura chilena sostiene buena parte de su prestigio internacional sobre una promesa exigente: producir fruta de calidad, inocua y capaz de responder a los estándares de los mercados más demandantes. En ese escenario, la fitosanidad dejó de ser un aspecto exclusivamente técnico del manejo de huerto para transformarse en una condición estratégica de competitividad. Proteger los cultivos frente a plagas, malezas y enfermedades también implica resguardar la reputación exportadora del país, asegurar el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos y sostener la confianza de consumidores cada vez más atentos a la forma en que se producen los alimentos.

Pero ese desafío se vuelve cada vez más complejo. La intensificación productiva, el cambio climático, la presión de plagas cuarentenarias, la pérdida de eficacia de algunas herramientas, las mayores exigencias regulatorias y el comercio ilegal de fitosanitarios obligan a mirar la sanidad vegetal desde una perspectiva integral. Ya no alcanza con responder ante un problema puntual: el nuevo escenario demanda prevención, monitoreo, capacitación, innovación y una articulación más estrecha entre productores, asesores, industria, autoridades y mercados.

En esta entrevista, Patricia Villarreal, directora ejecutiva de AFIPA, analiza los principales desafíos de la protección de cultivos en la fruticultura chilena y plantea la necesidad de superar falsas dicotomías entre productividad y sostenibilidad. 

—Chile construyó buena parte de su prestigio frutícola sobre la base de la calidad, la sanidad y la confianza de los mercados. ¿Qué lugar ocupa hoy la fitosanidad dentro de esa competitividad exportadora?

—Hoy, la fitosanidad —las estrategias para la protección de los cultivos de plagas, malezas y enfermedades — ocupa un lugar central y habilitante en nuestra competitividad exportadora. Las exigencias de los mercados y consumidores evolucionan a un ritmo acelerado, por lo que, además de ofrecer productos organolépticamente atractivos, es imperativo respaldar su calidad e inocuidad a través de un estricto cumplimiento de los estándares globales, como ocurre en el caso de los límites máximos de residuos (LMR) y de otros estándares privados como las BPA, que exigen, además, el cumplimiento de normas ambientales y de salud de los trabajadores.

En este escenario, el rol de la innovación en la protección y nutrición de los cultivos es fundamental. El desarrollo de nuevas tecnologías químicas y biológicas, así como la masificación del Manejo Integrado de Plagas (MIP), permiten a Chile mantener la confianza de los mercados, no sólo por la calidad de sus productos, sino también por el cumplimiento de las exigencias en cuanto a la propagación de plagas cuarentenarias.

En este sentido, un ejemplo relevante es la mantención de Chile como país libre de mosca de la fruta, mediante el uso de productos fitosanitarios, control biológico y monitoreo que han permitido mantener bajo control la presión de esta plaga en nuestras fronteras.

—Cuando se habla de productos fitosanitarios, muchas veces el debate público se polariza. ¿Qué aspectos cree que quedan fuera de esa conversación?

—A menudo, el debate se concentra en los productos fitosanitarios, pero deja en segundo plano cómo se utilizan y qué rol cumplen dentro de la producción agrícola. Se trata de herramientas esenciales para los agricultores, ya que contribuyen a proteger la salud de los cultivos y, en consecuencia, a sostener la seguridad alimentaria.

Según Naciones Unidas, hacia 2050 la población mundial superará los 9700 millones de personas, lo que obligará a incrementar significativamente la producción de alimentos utilizando los mismos recursos —o incluso menos—. En ese escenario, prescindir de estas herramientas no parece una opción realista. El desafío es avanzar en innovación, desarrollar productos con perfiles de seguridad cada vez más altos y utilizarlos de manera responsable, siguiendo estrictamente las instrucciones de la etiqueta, las dosis recomendadas y las indicaciones técnicas correspondientes.

También es importante considerar que la protección de los cultivos no depende de una única herramienta, sino de una estrategia integral: el Manejo Integrado de Plagas. Este enfoque contempla acciones preventivas, monitoreo para realizar diagnósticos oportunos y la intervención con distintas herramientas biológicas y químicas, de acuerdo con las necesidades de cada cultivo y situación. A ello se suman otros factores clave, como el desarrollo de tecnologías de aplicación, la capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas y el estricto cumplimiento de la normativa vigente.+

Las plagas y enfermedades pueden provocar pérdidas significativas de producción cuando no se controlan adecuadamente. Por eso, el desafío no es elegir entre productividad y sostenibilidad, sino avanzar hacia una agricultura capaz de producir más alimentos utilizando todas las herramientas disponibles de manera responsable y sustentable.

Existe, además, un aspecto menos visible en esta conversación: muchas plagas y enfermedades, especialmente las de origen fúngico, pueden generar toxinas resistentes a distintos tratamientos, altamente riesgosas para la salud de los consumidores. En ese sentido, las herramientas que permiten controlar estos problemas también contribuyen a que podamos consumir con seguridad productos como frutos secos, cereales y alimentos procesados, entre ellos harinas y vinos.

—Pensando en cultivos como cerezas, uva de mesa, arándanos, cítricos, paltos, nogales y avellanos, ¿cuáles son hoy los principales desafíos fitosanitarios para la fruticultura chilena?

—Desde la industria de la protección de cultivos, observamos que los desafíos fitosanitarios de las principales especies de la fruticultura chilena ya no pueden abordarse de manera aislada por cultivo, sino desde una mirada integrada. Hoy, la competitividad de cerezas, uvas, arándanos, cítricos, paltos, nogales y avellanos se define en varios frentes: la transición hacia programas híbridos —que combinan herramientas químicas y biológicas— para reducir el riesgo de resistencia y preservar la eficacia de los ingredientes activos; el impacto de las crecientes restricciones sobre determinados productos fitosanitarios; la contención de plagas cuarentenarias, cuyos ciclos biológicos se han visto alterados por el cambio climático; y la gestión sanitaria en poscosecha, bajo el cumplimiento de exigencias internacionales cada vez más estrictas.

A ello se suma el comercio ilegal de alimentos provenientes de países vecinos, que ha permitido el ingreso de plagas que antes no estaban presentes en Chile. Ejemplos hay varios, como Lobesia botrana, además del aumento de la presión de mosca de la fruta, que puede ser uno de los mayores riesgos en la actualidad.

—¿La intensificación productiva y el cambio climático están modificando la presión de plagas y enfermedades en los huertos?

—Estamos viviendo un cambio dinámico y acelerado en la presión fitosanitaria, impulsado por la intersección entre el cambio climático y la intensificación productiva. 

Por un lado, el aumento de las temperaturas medias, las alteraciones en los regímenes de lluvias y los inviernos más templados están modificando los ciclos biológicos de las plagas. Hoy vemos una mayor cantidad de generaciones de insectos por temporada, la aparición de enfermedades en zonas geográficas donde antes no se registraban —en un claro desplazamiento hacia el sur— y la pérdida de sincronía entre las plagas y sus controladores biológicos naturales. La intensificación productiva, que también puede presionar los sistemas, se ha ido abordando cada vez más con una mirada sostenible. Está bastante estudiado, por ejemplo, el beneficio de los bordes florales o corredores biológicos en la productividad y el control de plagas, como parte del Manejo Integrado de Plagas.

De todos modos, la respuesta a este desafío no puede ser reactiva ni individual. En AFIPA trabajamos junto al SAG y otros organismos públicos y privados con un mensaje claro: la adaptación pasa necesariamente por más ciencia e innovación, mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y bioproductos que complementen las estrategias tradicionales; por más monitoreo y precisión, para anticiparnos a través de la analítica de datos; y por el fortalecimiento del Manejo Integrado de Plagas como base para la resiliencia del huerto.

El cambio climático nos obliga a transitar de un modelo de control a uno de gestión predictiva y adaptación continua.

—El Manejo Integrado de Plagas es un concepto ampliamente aceptado, pero no siempre fácil de implementar. ¿Qué falta para que se aplique de manera sistemática?

—Para que el MIP deje de ser un concepto teórico y se transforme en una práctica habitual en el campo, es necesario fortalecer la capacitación de agricultores y asesores, la transferencia tecnológica, la colaboración público-privada, el financiamiento, el acompañamiento técnico y el acceso oportuno a distintas soluciones: químicas, biológicas, culturales, digitales y de monitoreo.

Desde AFIPA impulsamos programas como CuidAgro y Agricultura Sostenible en Acción, a través de los cuales, junto a organismos públicos como INDAP, realizamos capacitaciones, talleres en terreno y actividades con agricultores, asesores y aplicadores. El objetivo es entregar herramientas prácticas de monitoreo, identificación de plagas, lectura de etiquetas, calibración de equipos y uso responsable de productos fitosanitarios, con especial atención en los pequeños y medianos productores, quienes suelen tener menos acceso a este tipo de acompañamiento técnico.

—¿Cómo se logra un equilibrio entre herramientas químicas, biológicas, culturales, digitales y de monitoreo sin caer en falsas dicotomías?

—Lo importante es utilizar la herramienta adecuada, en el momento adecuado y bajo criterios técnicos. Hay situaciones en las que una herramienta biológica será la más apropiada; en otras, será necesario recurrir a un producto fitosanitario tradicional; y, en muchos casos, la mejor respuesta será una combinación de varias alternativas. La sostenibilidad no se logra eliminando herramientas, sino usándolas mejor, con más información, precisión y responsabilidad.

La asesoría técnica es un factor muy relevante. En general, los grandes productores cuentan con ese apoyo; sin embargo, los pequeños agricultores que no disponen de esos recursos pueden apoyarse en asesores de programas del Estado, como SAT y Prodesal. Por esta razón, AFIPA trabaja de la mano con INDAP para entregar y desarrollar de manera permanente capacidades en los asesores en temas fitosanitarios, como MIP, calibración de maquinaria y otros aspectos clave del manejo.

—¿Dónde observa las principales brechas en campo: diagnóstico, monitoreo, capacitación, oportunidad de aplicación, calibración de equipos, registro de datos o elección de productos?

—Primero, en la digitalización del registro de datos, que nos permitiría superar el soporte analógico y transformar el monitoreo en decisiones en tiempo real. Segundo, en la estandarización de la calibración de equipos, ajustando la maquinaria para asegurar una correcta aplicación y cobertura. Y tercero, en la actualización de la capacitación del personal operativo, alineando a los aplicadores con los cambios regulatorios y con los límites de residuos de los mercados de exportación.

Todas las brechas mencionadas son importantes, pero no afectan a todos por igual. Los pequeños y medianos productores suelen tener menor acceso a tecnología de monitoreo y a capacitación continua, lo que los deja más expuestos frente a cambios regulatorios o exigencias de mercado. Cerrar estas brechas de manera pareja es clave para que la sanidad vegetal sea una fortaleza de toda la fruticultura chilena, y no solo de quienes tienen mayor escala. La fitosanidad debe abordarse de manera sistémica: en la actualidad no es posible pensar en soluciones aisladas.

Mención especial merece la capacitación y, más ampliamente, el desarrollo de capacidades técnicas y profesionales. Se trata de un aspecto crítico que no siempre se ha abordado de la mejor forma, lo que genera una desconexión entre las necesidades de la producción agroalimentaria y el conocimiento disponible entre técnicos y profesionales. Esa brecha termina limitando el desarrollo del sector.

—En la fruta de exportación, los Límites Máximos de Residuos condicionan cada vez más la planificación sanitaria. ¿Cómo impactan en las decisiones de productores y asesores?

—Para el productor y el asesor, los Límites Máximos de Residuos (LMR) impactan tanto en la planificación sanitaria como en las decisiones comerciales. Este escenario obliga a diseñar una estrategia fitosanitaria “a la inversa”: que vaya desde las exigencias del mercado de destino hacia el huerto. También impulsa una disciplina operativa basada en la precisión de las dosis, la calibración de equipos y el respeto de los tiempos de carencia y las curvas de degradación.

De este modo, productores y asesores optan por programas híbridos —químico-biológicos— para lograr un “cierre limpio” de temporada, validando en muchos casos las decisiones mediante análisis de residuos. El objetivo es alcanzar un equilibrio entre la eficacia en el control de plagas y el cumplimiento de las exigencias de los mercados de exportación, con la mayor seguridad posible.

—¿Los productores cuentan con información suficiente para adaptar sus programas fitosanitarios a los mercados de destino?

—Los productores chilenos cuentan con las fuentes de información necesarias. En general, las exportadoras cuidan estrictamente el cumplimiento de los programas fitosanitarios para los diferentes mercados, así como las certificaciones requeridas, lo que ha permitido que nuestro país mantenga su prestigio exportador a nivel mundial.

—AFIPA ha advertido sobre el comercio ilegal de fitosanitarios. ¿Qué riesgos implica el uso de productos sin registro, adulterados o adquiridos fuera de canales autorizados?

—Es un riesgo muy serio para toda la cadena agrícola. El reciente estudio “Por un Chile sin Economía Ilícita”, impulsado por la CPC junto a 30 gremios y empresas, entre ellos AFIPA, identificó a la agroindustria como uno de los sectores afectados por las economías ilícitas, estimando un mercado ilegal de US$ 530 millones y pérdidas tributarias cercanas a US$ 95 millones. Asimismo, advierte que el contrabando y la falsificación de productos agroquímicos constituyen una amenaza creciente para la agricultura, debido a los riesgos productivos, sanitarios y ambientales que implican.

—¿Puede el comercio ilegal convertirse en una amenaza para la inocuidad, la reputación exportadora y el acceso a mercados?

—Nuestro país ha construido durante décadas una reputación exportadora basada en la calidad, la sanidad y la confianza. Si se utilizan productos ilegales o falsificados, esa reputación puede verse comprometida y afectar nuestra imagen internacional. No hablamos solo del riesgo para un productor específico: hablamos de la confianza que los mercados internacionales depositan en la agricultura chilena. Por eso, combatir el comercio ilegal significa proteger la inocuidad, el acceso a mercados y la competitividad del país.

—¿Chile cuenta con un marco regulatorio suficientemente moderno para acompañar la evolución de la industria fitosanitaria y la incorporación de nuevas tecnologías?

—Si bien Chile cuenta con una base institucional sólida, su marco regulatorio actual presenta brechas de modernización que ralentizan la incorporación de nuevas tecnologías. La industria de los fitosanitarios está compuesta mayoritariamente por productos importados, y las empresas globales priorizan aquellos mercados que ofrecen predictibilidad y plazos claros para la transferencia tecnológica. En nuestro país, los procesos de registro de moléculas y productos formulados, ya sean de síntesis química o bioproductos, son prolongados.

Es importante comprender que un marco regulatorio moderno no significa bajar los estándares de seguridad, sino hacer los procesos más eficientes a través de soluciones tecnológicas y de una evaluación de riesgos basada en evidencia. El sector agrícola chileno enfrenta actualmente desafíos como la escasez hídrica, la aparición de nuevas plagas asociadas al aumento de temperaturas y exigencias cada vez más estrictas de los mercados de destino. Para mantener la competitividad exportadora y la seguridad alimentaria, los agricultores necesitan un portafolio diversificado de productos, que incluya tanto fitosanitarios de última generación como productos tradicionales. Por eso, desde AFIPA seguimos trabajando de manera colaborativa con la autoridad para avanzar hacia una regulación basada en la evaluación de riesgos, que entregue certezas a la industria y que sea lo suficientemente exigente para asegurar productos de calidad, pero también lo suficientemente ágil para facilitar la incorporación de nuevas herramientas.

—En los próximos años, ¿qué soluciones cree que van a ganar mayor protagonismo: bioinsumos, productos de menor impacto, feromonas, herramientas digitales, diagnóstico molecular o inteligencia artificial?

—Creemos que será una mezcla de todas ellas. No se trata de que una tecnología reemplace a otra, sino de combinarlas de forma inteligente bajo el concepto de Manejo Integrado de Plagas. El éxito de la agricultura sostenible dependerá de un sistema en el que herramientas como el diagnóstico molecular, las soluciones digitales y la inteligencia artificial estén disponibles, sean seguras y tengan precios accesibles. A ello se suma la necesidad de contar con un portafolio equilibrado de bioinsumos, feromonas y productos de menor impacto que actúen de manera eficiente en el campo.

—¿Cómo está cambiando la agenda de sustentabilidad dentro de la industria de protección de cultivos, especialmente en seguridad del aplicador, protección ambiental y gestión de envases vacíos?

—La agenda de sustentabilidad dejó de ser una serie de acciones aisladas de cumplimiento normativo para transformarse en el motor de nuestra industria. Hoy entendemos la protección y nutrición de cultivos bajo un enfoque de responsabilidad integral, que acompaña al producto desde el cultivo hasta el destino final de su envase, cuidando a las personas y al entorno.

En este ámbito, la protección de quienes trabajan en el campo y el cuidado del medio ambiente son prioridades para AFIPA. A través de programas como CuidAgro y Agricultura Sostenible en Acción, promovemos la capacitación continua en Buenas Prácticas Agrícolas, el uso correcto del Equipo de Protección Personal y la integración de tecnologías de protección y nutrición de cultivos con estrategias de Manejo Integrado de Plagas, para mitigar el impacto ambiental, optimizar recursos, resguardar la biodiversidad y mejorar la productividad de los huertos. En gestión de envases vacíos, junto con el sistema agroindustrial CampoLimpio (ver recuadro), impulsamos el triple lavado y la entrega de envases conforme a la Ley REP, para que puedan pasar de residuo a recurso valorizable dentro de la economía circular.

—Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a productores, asesores y consumidores sobre el rol de la fitosanidad en la producción de fruta segura, sustentable y competitiva?

La fitosanidad no es solo una herramienta técnica: es un pilar que sostiene la reputación de Chile como potencia agroalimentaria global y garantiza que los alimentos que llegan a nuestras mesas sean sanos y seguros. Hoy, la sanidad vegetal exige una mirada integral, donde el Manejo Integrado de Plagas, las tecnologías de precisión, la capacitación continua y el cumplimiento normativo —incluidas las Buenas Prácticas Agrícolas— son fundamentales. Ser competitivos en los mercados internacionales ya no depende solo de la productividad, sino también de cómo producimos: con ciencia, responsabilidad y sustentabilidad.

Detrás de cada fruta chilena hay un ecosistema público-privado que trabaja, desde la investigación hasta el campo, bajo altos estándares para asegurar alimentos inocuos, nutritivos y producidos con respeto por el entorno. En AFIPA estamos convencidos de que sin fitosanidad no hay seguridad alimentaria. El desafío es colectivo: proteger el patrimonio fitosanitario de Chile es asegurar el futuro del sector, el desarrollo de los territorios y el bienestar de las personas.

La Ley REP llegó al campo: ahora viene lo difícil

La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor —Ley REP— marcó un cambio relevante en Chile: quienes introducen productos al mercado deben hacerse responsables de los residuos que estos generan. En la agricultura, esto implica una obligación concreta para las empresas que comercializan productos agroindustriales, como fitosanitarios, fertilizantes foliares y bioestimulantes, entre otros: deben asociarse a un sistema de gestión reconocido —como CampoLimpio— para garantizar la recolección, el tratamiento y el reciclaje de los envases que ponen en circulación. La pregunta ya no es si hay que hacerse cargo, sino cómo hacerlo de manera efectiva.

No es una pregunta menor. Los envases rígidos vacíos —plásticos y metálicos— requieren un manejo diferenciado y especializado para poder reciclarse, mediante la técnica del triple lavado. Si no se gestionan correctamente, representan un riesgo real para las personas, el suelo y el agua. Por eso, el marco normativo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente y fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente no constituye solo un cumplimiento administrativo: expresa un compromiso con la trazabilidad y la sustentabilidad del sector.

En CampoLimpio llevamos más de 25 años trabajando en la gestión de envases fitosanitarios vacíos. Mucho antes de que existiera la Ley REP, ya recuperábamos envases en terreno y concientizábamos a los agricultores sobre la importancia de un manejo adecuado. La ley vino a consolidar y escalar lo que para nosotros ya era una convicción. Hoy operamos como el único sistema de gestión de envases agroindustriales que funciona formalmente bajo este marco legal en Chile. Nuestra red cubre las principales zonas agrícolas productivas, de norte a sur, con centros de recepción fijos y puntos móviles. Hemos superado las metas de recolección proyectadas por la autoridad ambiental y mantenemos la trazabilidad en toda la cadena, desde que el envase ingresa al sistema —con el triple lavado como condición indispensable— hasta su reciclaje e incorporación a nuevos procesos productivos. Además, entregamos a agricultores y empresas el registro válido que acredita el cumplimiento normativo, incluyendo los protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas.

Pero los números no bastan. El verdadero desafío de la Ley REP en el agro no es técnico ni logístico: es cultural. Cuando un agricultor comprende que devolver correctamente un envase significa proteger su propio suelo, su agua y la salud de su familia, el cumplimiento deja de ser una obligación y se convierte en convicción.

El éxito de esta política pública depende directamente de la participación de todos los actores de la cadena: industria, agricultores y sistemas de gestión. No hay atajos. Lo que Chile está construyendo con la Ley REP es la base de una agricultura moderna, y esa base se construye con trabajo coordinado, información clara y compromiso real. Seguimos en eso.

Francisca Gebauer es Directora Ejecutiva de CampoLimpio, sistema de gestión de envases agroindustriales que opera bajo el marco de la Ley REP en Chile.