Riego: Una inversión que define el futuro del agro chileno

El uso más eficiente y la acumulación del agua dulce son hoy las grandes variables que definirán el presente y futuro de la agricultura chilena. Una prolongada sequía, combinada con la creciente variabilidad climática, convierte la eficiencia hídrica en una condición básica para mantener el liderazgo en la producción de alimentos.

La gran pregunta, sin embargo, no es sólo qué obras priorizar o qué tecnologías adoptar, sino cómo financiar las inversiones necesarias para captar, almacenar y aplicar el recurso. Los sistemas de riego por goteo, tranques intraprediales, embalses extraprediales, la actualización de canales y una mayor desalinización tienen un costo elevado, que en la mayoría de los casos supera con creces la capacidad de endeudamiento y pago de los agricultores.

En Chile existe un abanico de instrumentos financieros —estatales, privados e internacionales— que permiten enfrentar este desafío.

Lejos de ser una vía única, cada productor puede elegir la combinación más adecuada según el tamaño de su establecimiento, tipo de obra y calendario productivo.

OPCIONES

A nivel privado, las opciones son de deuda directa de mediano o largo plazo con el sistema bancario o como arrendamiento financiero (leasing) de los activos (bombas, filtros, líneas de riego), donde, además de la banca, participan otras instituciones financieras no bancarias.

A nivel gubernamental, la Ley N° 18.450, administrada por la Comisión Nacional de Riego (CNR), permite bonificar hasta un 90% del costo de los proyectos. En la práctica, la mayoría de los concursos opera con techos más bajos — en torno al 75% del costo neto—, pero incluso así el impacto de esta normativa ha sido enorme.

En casi cuatro décadas de vigencia, más de 20.000 agricultores han podido materializar obras de conducción, acumulación y tecnificación. No obstante, el acceso no está exento de dificultades: la complejidad de las bases, la necesidad de acreditar derechos de agua y de tierra, y la exigencia de contar con proyectos técnicamente sólidos limitan la participación de los productores de pequeña escala. En principio, la ley establece que la bonificación, es decir, el apoyo económico para la ejecución de las obras de riego, se paga una vez que la obra ha sido finalizada y se ha certificado su correcta ejecución. Esto asegura que el subsidio se otorgue sólo a proyectos que realmente se han llevado a cabo y cumplen con los estándares de calidad y eficiencia establecidos.

El problema es evidente: el agricultor debe primero financiar la obra, para luego recibir la bonificación. En muchos casos, este desfase es resuelto mediante los denominados créditos de enlace, con endoso de los bonos de riego, que permiten financiar la inversión mientras se espera el reembolso estatal.

En el caso de la pequeña agricultura, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), servicio dependiente del Ministerio de Agricultura, ofrece créditos de corto y largo plazo, que financian hasta el 100% del monto bonificado. En muchos casos, basta con endosar el certificado de bonificación para acceder al financiamiento, sin necesidad de garantías adicionales.

Por su parte, Banco Estado, comprometido con hacer frente al cambio climático y su impacto en la agricultura, ha desarrollado productos financieros para que los agricultores puedan adaptarse a este nuevo escenario de incertidumbre en la disponibilidad de agua para riego, con su programa Impacto Verde.

“El primer financiamiento es para agricultores y consultores de riego segmentados en la banca MiPyme, que permite financiar hasta el 90% del bono adjudicado, lo que equivale a cubrir alrededor del 80% del costo total de la obra. Se puede financiar directamente al agricultor o al consultor de riego que ejecuta la obra, previo endoso del bono a favor del Banco”, señala Eduardo Pinto Kunstmann, especialista del Segmento Agrícola, Banca MiPyme.

“El desembolso de los fondos se puede realizar en un pago o en varias parcialidades, dependiendo de la complejidad de la obra y del monto del financiamiento. Una vez finalizada la obra, la CNR paga al BancoEstado y a través de un proceso interno se efectúa el pago del crédito del cliente”, agrega.

El siguiente financiamiento tiene relación con la Eficiencia Hídrica, y dentro de esta línea se consideran equipos y proyectos que favorezcan un consumo eficiente del agua, así como soluciones complementarias asociadas que permitan lograr dicha finalidad. También se incorporan soluciones de recuperación, tratamiento, recolección y distribución que permitan mejorar la calidad y la eficiencia del uso del agua.

Productores del Valle de Aconcagua y del Maule señalan que, sin estos créditos puente, la Ley de Riego en la práctica sería inalcanzable, porque exige un capital inicial del que pocos agricultores disponen en tiempos de estrechez.

LA ETAPA PREVIA: FINANCIAR ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS

Antes de llegar a la postulación, hay un obstáculo que suele pasar desapercibido: la elaboración de estudios técnicos. Sin un diseño de ingeniería detallado, un cálculo de costos realista y un análisis de factibilidad económica, es prácticamente imposible competir en los concursos de la CNR. Para esa etapa, existe el programa Activa Riego de CORFO, que subsidia hasta un 70% del costo de los estudios, tanto extraprediales como intraprediales. De esta forma, agricultores y organizaciones pueden avanzar en la prefactibilidad sin arriesgar capital propio.

En paralelo, INDAP impulsa el desarrollo de proyectos de regadío y drenaje, a través de su Programa de Riego que financia obras que promueven el uso eficiente del agua, fortalecen el desarrollo productivo de actividades silvoagropecuarias y aseguran el acceso al recurso hídrico, además de entregar certezas jurídicas a los productores que integran las comunidades de regantes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. A través de estas herramientas, INDAP entrega financiamiento de hasta el 95% de proyectos aprobados individuales y colectivos, ya sean de personas naturales o jurídicas. A través de este programa se ponen a disposición de los productores agrícolas seis instrumentos clave:

• Programa de Riego Intrapredial (PRI): cofinancia obras de riego o drenaje al interior de los predios de pequeños agricultores adscritos a INDAP, incorpora tecnologías que optimizan el uso del agua y asegura la disponibilidad del recurso.
• Programa de Riego Asociativo (PRA): entrega financiamiento para obras hidráulicas, de riego o drenaje asociativas que benefician a dos o más productores (organizaciones de usuarios de aguas, comunidades agrícolas, grupos de agricultores).
• Programa de Obras Menores de Riego (PROM): cofinancia la ejecución de obras de riego que resuelven problemáticas que dificultan el funcionamiento y la eficiencia de sistemas de regadío.
• Bono Legal de Aguas (BLA): entrega apoyo económico para la regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas y para que los productores cuenten con certezas jurídicas para desarrollar adecuadamente sus actividades productivas.
• Instrumento de Preinversión de Estudios de Riego o Drenaje: cofinancia consultorías de ingeniería, riego y drenaje, energía renovable y eficiencia energética, entre otras, para mejorar el acceso, disponibilidad y gestión del agua en la pequeña agricultura y actividades conexas.
• Asistencia técnica para la mejora en la eficiencia de la inversión en riego: instrumento que fortalece la operación, mantención y rehabilitación de sistemas de regadío, para mejorar su desempeño, reducir pérdidas de agua y energía, además de garantizar su continuidad en el tiempo.

“A través de los diferentes instrumentos del Programa de Riego, INDAP dispone de recursos económicos para que los productores accedan a los diferentes apoyos con que acompañamos a la agricultura familiar campesina e indígena del país: desde obras menores, pasando por riego intrapredial y asociativo, y cubriendo también el financiamiento de estudios y trabajos especializados. Todos estos recursos y acciones buscan mejorar el uso y la distribución del agua para que nuestros agricultores y sus familias consoliden sus actividades productivas”, subrayó Santiago Rojas, director nacional de la institución.

EL AUGE DEL FINANCIAMIENTO VERDE Y LAS SOLUCIONES PRIVADAS

La agenda climática internacional ha empezado a abrir nuevas puertas para el sector agrícola chileno. En particular, han surgido líneas de crédito con criterios de sostenibilidad, conocidas como financiamiento verde. El BID Invest, por ejemplo, canaliza recursos a través de diversas operaciones, brindando liquidez a pequeñas y medianas empresas agrícolas que adoptan tecnologías de riego eficiente o prácticas de sostenibilidad ambiental. Si el proyecto es suficientemente amplio en su impacto, BID puede otorgar recursos en forma directa, tal como ocurrió en el caso del proyecto Tokosova en la Araucanía en 2024.

Por su parte, BENEO, filial en Chile del grupo alemán Südzucker, lleva dos décadas produciendo inulina a partir de achicoria industrial cultivada entre Linares y Temuco.

Este ingrediente funcional, de alto valor para la industria alimentaria, se produce gracias a una red de agricultores locales que forman parte de una cadena de valor orientada a la sostenibilidad y la competitividad.

“Consciente de que el riego y la energía son factores críticos para sostener esta cadena, la compañía lanzó el programa ¡Bien Regado!, una iniciativa que no funciona como crédito bancario, sino como un apoyo económico y técnico directo. El objetivo es claro: asegurar la continuidad del cultivo de achicoria industrial en Chile, promoviendo la inversión en tecnologías de riego eficiente —como pivotes y equipos por carrete— y en energías renovables, especialmente plantas fotovoltaicas para reducir costos eléctricos y huella ambiental”, asegura Alberto Cañete, gerente agrícola de BENEO.

El programa contempla plazos de entre dos y seis años, con condiciones flexibles: financiamiento total o parcial de los proyectos, posibilidad de complementar con los bonos de la CNR e incluso la opción de endosarlos a la empresa para descontarlos del compromiso.

A cambio, los agricultores se comprometen a mantener una superficie determinada de siembra durante el plazo acordado, lo que asegura estabilidad productiva y planificación en la rotación de cultivos.

“Con esta propuesta, BENEO reafirma que su interés no es financiero, sino estratégico: fortalecer la base productiva de la achicoria industrial en Chile. Al dar acceso a equipos de riego tecnificados y energías limpias en condiciones preferenciales, Bien Regado! se convierte en un ejemplo de cómo el sector privado puede complementar las políticas públicas, apoyando tanto la competitividad de los agricultores como la sostenibilidad de la cadena alimentaria en el largo plazo”, concluye.

Al respecto, Gustavo Cardemil, asesor agro-financiero para Chile y Perú señala: “En línea con un clima cambiante y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), existen en Latam cada vez más fondos de deuda que buscan generar un impacto positivo en aquellas comunidades donde la banca tradicional no llega, y para quienes el financiamiento para riego agrícola constituye una forma directa y tangible de facilitar este impacto”.

“Tal como ocurre en el caso del BID, otros organismos multilaterales como DEG KfW (Alemania), CAF (LATAM), Proparco (Francia) o FMO (Holanda), entre otras, financian inversiones en el agro que incluyen grandes proyectos de riego. En ocasiones, estas instituciones financian a acreedores menores, que tienen mejor llegada a un mayor número de pequeños agricultores, como sucede en el caso de aquellos agrupados en CSAF (Consejo de Financistas de Agricultores Menores), muy activos en nuestros países andinos”, agrega.

“A mayor escala, y ojalá se trate de una figura que veamos cada vez más seguido en Chile, está el financiamiento privado de grandes obras, como fue el caso del administrador de activos Patria Investments para su proyecto Aguas Pacífico, que en 2024 obtuvo 883 millones de dólares para financiar dos proyectos de desalinización que permiten enfrentar la escasez de agua, con el proyecto de servir a la industria y al consumo humano. Esto fue posible gracias a un crédito sindicado por BNP Paribas, DNB Bank, Natixis y SMBC como colocadores principales conjuntos, además de BCI, Mizuho y Société Générale. La combinación de grandes obras de acumulación de agua y desalinización podría generar nueva vida agrícola en el norte chico de Chile, tal como lo ocurre en la costa desértica del Perú”, arriesgó.

A nivel local, también se advierte el surgimiento de planes privados de financiamiento impulsados por empresas agroindustriales y exportadoras de fruta, que requieren ampliar la superficie de ciertos cultivos frutales. La lógica es clara: en lugar de esperar a que un agricultor reúna el capital o logre el financiamiento bancario, las empresas acercan tecnología con esquemas de pago escalonado, permitiendo que la inversión se pague con la anticipación y mayor cosecha, así como con el ahorro de agua y la energía favorecido por el nuevo sistema.

INNOVACIONES FINANCIERAS

A través de su División de Riego Tecnificado, desde hace más de 20 años Copeval S.A. ofrece financiamiento para sistemas de riego por aspersión como pivotes y carretes de riego (de sus representaciones Valley y Ocmis, respectivamente), así como para sistemas de microirrigación (goteo y microaspersión), impulsiones y aducciones.

“Además, contamos con opciones de financiamiento a medida, que incluyen leasing de hasta cinco años para máquinas de riego y el producto Simplazo, que ofrece financiamiento de hasta tres años para sistemas de microrriego, con cuotas flexibles adaptadas a la economía del productor”, indica Cristián Muñoz, Subgerente de Riego Tecnificado de la firma.

Este modelo libera capital en el momento crítico que tiene lugar justo antes de la cosecha, cuando se concentran los gastos en riego, fertilización y manejo sanitario. La experiencia de Copeval podría replicarse en cooperativavas y gremios de regantes, dando origen a una nueva familia de instrumentos financieros en el agro chileno.

DESAFÍOS PENDIENTES

Aunque el abanico de instrumentos es amplio, los agricultores coinciden en señalar que la burocracia y los plazos de tramitación siguen siendo un cuello de botella, ya sea para financiamiento privado o el mundo público.

Expertos y gremios proponen avanzar hacia un sistema más ágil, con asesoría integral y un mayor acompañamiento técnico. Al respecto, Gustavo Cardemil agrega que “la reciente aprobación del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para la construcción de embalses agrícolas, excluyendo de permisos especiales de la DGA a los tranques que no superen los 150.000 metros cúbicos de capacidad (antes 49.990 m3), genera una oportunidad de inversiones de mayor tamaño y costo en un entorno frutícola y bancario desgastado, tras años de crisis en frutales como uvas de mesa, nogales, arándanos y, últimamente, también cereza”.

Según el experto en valorizaciones agrí-colas, Gabriel Covarrubias, los modernos sistemas de riego tienen costos que fluctúan entre 5000 y 10.000 dólares por hectárea, mientras que los grandes embalses intraprediales tiene costos de entre 3 y 5 dólares por m3, todo lo cual requerirá más financiamiento para obras de mayor tamaño, ahora posibles, y donde los bancos no necesariamente toman estas obras como mayores garantías.

Para Cardemil, “lo importante será que los bancos reconozcan en estas nuevas inversiones el valor como garantía real, para lograr las relaciones deuda/garan-tías necesarias, pero más importante aún lo será para hacer accesible más financiamiento privado para los agricultores.

Una gran oportunidad para el siguiente gobierno podría ser la creación de un programa FOGAIN de garantías estatales con mayor cobertura y alcance para obras de riego privadas y desalinización intra-predial (osmosis inversa), fomentando la inversión, la seguridad del riego y un mayor desarrollo rural, particularmente en las zonas de secano costero central o semidesérticas del norte.

El financiamiento para el riego en Chile se presenta hoy como un mosaico complejo todavía con muchas oportunidades por explorar. La clave para los agricultores está en conocer, combinar y aprovechar estos instrumentos de manera estratégica. Porque en un escenario donde la eficiencia hídrica es sinónimo de competitividad, invertir en agua no es una opción: es la condición para asegurar la resiliencia del campo chileno frente al cambio climático.