Ositrán advierte vulneración a la soberanía peruana tras demanda de Cosco Shipping por el Megapuerto de Chancay

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) elevó el tono de su defensa frente a la controversia judicial que rodea al Megapuerto de Chancay. Verónica Zambrano, presidenta de la institución, afirmó en entrevista con La República que, tras una lectura exhaustiva de la demanda interpuesta por la empresa china Cosco Shipping, la entidad concluyó que el proceso no solo afecta competencias administrativas, sino que constituye una vulneración directa a la soberanía nacional.

Si bien inicialmente Ositrán mantuvo un perfil estrictamente técnico para evitar politizar el conflicto, el reciente fallo judicial en primera instancia —que ordena al regulador abstenerse de supervisar las operaciones del Puerto de Chancay— obligó a la institución a adoptar una postura más enfática.

«Al inicio evitamos usar el término soberanía para no salir de nuestro ámbito técnico, pero ahora que hemos leído la demanda en detalle, concluimos que sí existe una vulneración», señalaron desde el organismo. El argumento central radica en que el Puerto de Chancay ocupa aproximadamente 180 hectáreas de mar, espacio que es de dominio público. Permitir que una empresa privada opere en territorio peruano sin la fiscalización de las leyes del Estado, advierten, sentaría un precedente riesgoso para cualquier otra infraestructura estratégica.

El impacto del fallo

El conflicto se originó cuando el Poder Judicial admitió una medida que impide a Ositrán ejercer sus facultades de regulación de tarifas y supervisión de servicios en el puerto. Según Cosco Shipping, el terminal es de naturaleza «privada de uso público» y, por tanto, no debería estar sujeto al mismo régimen de control que los puertos concesionados por el Estado.

Para Ositrán, esta interpretación carece de sustento constitucional. La entidad sostiene que la legislación peruana no contempla “islas jurídicas” donde el Estado no pueda supervisar la calidad del servicio ni proteger los derechos de los usuarios. Si hoy se permite que el megapuerto opere sin regulación, argumentan, mañana cualquier otra empresa podría exigir el mismo trato, debilitando la institucionalidad y el marco regulatorio del país.

Reacción del Gobierno

La postura del regulador coincide con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien calificó de «inaceptable» que el puerto más importante del país no pueda ser fiscalizado por las autoridades nacionales. El Ejecutivo ya adelantó que apelará el fallo y que, de ser necesario, llevará el caso ante el Tribunal Constitucional.

Desde Ositrán confían en que la segunda instancia revierta la sentencia y restituya plenamente las facultades del Estado para supervisar una infraestructura considerada estratégica, no solo por su magnitud e impacto económico, sino también por su ubicación en el litoral peruano, un recurso que —subrayan— debe mantenerse bajo estricto respeto de la normativa nacional.